La Venezuela de 2018 es sin duda más pobre que la legada por Hugo Chávez y la de 1998

La Venezuela de hoy es sin duda más pobre que la legada por Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, cuando murió tras gobernar durante 14 años. Pero el país petrolero también es ahora más pobre que cuando el líder socialista ascendió al poder con la promesa de acabar con la corrupción y la miseria.

El popular “comandante” tomó las riendas de Venezuela en febrero de 1999 con una inflación de 30 puntos y un salario mínimo que superaba por poco los 500 dólares mensuales, esto en medio de una profunda desigualdad entre ricos y pobres que hizo al gobernante prometer acortar esa brecha y erradicar la pobreza extrema.

Para lograr esta meta Chávez contó durante su Administración con los más altos ingresos que haya registrado el país por concepto de venta de petróleo, cerca de 1 billón de dólares según estimaciones, y con el respaldo popular de al menos dos tercios de la población.

Aunque siempre hubo advertencias sobre las consecuencias que traerían sus decisiones económicas, la famosa renta petrolera fue capaz de saciar las necesidades del Estado y de los ciudadanos que, por contundente mayoría, lo reeligieron en tres ocasiones.



Solo en el ocaso de su vida se empezaron a hacer evidentes las temidas consecuencias al punto de que los ciudadanos se quejaban por la intermitencia en la disponibilidad de algunos alimentos y por la reducción en el cupo de divisas que se les permitía comprar bajo el férreo control de la llamada revolución bolivariana.

Chávez feneció tras meses sin sus acostumbradas alocuciones públicas y entregó a Nicolás Maduro, su heredero político, un país prácticamente monoproductor, con unas reservas internacionales cercanas a los 30.000 millones de dólares y una inflación anualizada de 19,5 %.



El actual mandatario venezolano prometió “defender el legado” y, en cierta medida, ha cumplido su palabra al mantener el control de cambio establecido en 2003, los programas sociales, los frecuentes aumentos salariales y una conducción económica contraria a la sugerida por instancias internacionales.

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