Las autoridades cubanas han iniciado la excarcelación de 553 presos, una medida que sigue a la decisión de Estados Unidos de retirar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, el gobierno cubano ha aclarado que estas liberaciones no constituyen indultos ni amnistías, sino excarcelaciones, lo que significa que los beneficiados podrían regresar a prisión si incumplen ciertas condiciones.
Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), explicó en la televisión estatal que la medida no implica la extinción de la sanción. «Si no cumplen con esas obligaciones», advirtió, «el tribunal que les condenó tiene la facultad de revocarles esta medida y que regresen al centro penitenciario». La «buena conducta» es uno de los requisitos fundamentales para que los excarcelados mantengan su libertad.
Entre los liberados se encuentran personas condenadas por delitos como hurto, robo con fuerza, amenazas, lesiones y desórdenes públicos. Sosa también reconoció que la lista incluye a «algunas personas que fueron sancionadas por sedición», un delito frecuentemente utilizado en los juicios posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Estas manifestaciones, las mayores en décadas en la isla, resultaron en numerosas detenciones y condenas. Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders, han documentado la sentencia de 218 personas a un promedio de 10 años de prisión por sedición en relación con el 11J.
La excarcelación de presos, aunque celebrada por algunos, ha generado controversia debido a la condicionalidad impuesta por el gobierno cubano. La incertidumbre sobre los criterios para evaluar la «buena conducta» y la posibilidad de revocación de la medida mantienen a los excarcelados y sus familias en una situación de vulnerabilidad. La falta de transparencia en el proceso también ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos.