El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha anunciado la prohibición de tratamientos y cirugías de cambio de sexo para menores de 18 años. Esta decisión modifica la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, que permitía estos procedimientos con la autorización de los padres o, en su defecto, de un juez.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que tales intervenciones representan un "grave riesgo" para la salud física y mental de los menores, interrumpiendo su proceso de maduración y generando, en muchos casos, efectos irreversibles. Adorni destacó la tendencia internacional de países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos a restringir estos procedimientos en menores, reconociendo sus potenciales consecuencias devastadoras a largo plazo.
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| Integrantes de colectivos trans de Uruguay marchan hacia la Embajada de Argentina durante una protesta convocada por colectivos LGTBI+. Foto: ALEJANDRO PRIETO/EFE |
El Gobierno enfatizó que la decisión busca proteger el "interés superior del niño", garantizando su integridad física y mental, una responsabilidad ineludible del Estado. En un comunicado oficial, se calificó la aplicación de la "ideología de género" en niños, mediante la fuerza o la coerción psicológica, como "abuso infantil". Se argumentó que los menores carecen de la madurez cognitiva para decidir sobre procesos irreversibles que pueden implicar mutilación de órganos sanos, infertilidad, problemas cardiovasculares y graves consecuencias para la salud mental.
Además de la prohibición de tratamientos de cambio de sexo en menores, el Gobierno también prohibió los traslados de cárceles basados en la autopercepción de género. Adorni citó un caso en Córdoba donde un hombre condenado por violencia de género, tras autopercibirse como mujer y ser trasladado a una cárcel femenina, abusó de otras internas. Esta medida, según el comunicado oficial, se enmarca en la lucha contra el "extremismo de género".
El Gobierno de Milei defiende estas decisiones como parte de su compromiso de eliminar privilegios y promover la igualdad ante la ley, considerando la protección de la infancia y la prevención de abusos como pasos fundamentales en esa dirección. La nueva normativa ha generado controversia y se espera un debate social en torno a los derechos de los menores y la identidad de género.
Notimedia con información de EFE