Más de 18.000 desplazados por enfrentamientos entre ELN y disidentes de las FARC
La violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 18.000 personas desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta humanitaria este lunes, informando que al menos 18.359 personas han huido de sus hogares en los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú, buscando refugio en albergues temporales y hoteles en Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hacarí.
La OCHA también reportó el desplazamiento de aproximadamente 1.000 colombianos hacia Venezuela en busca de protección internacional, advirtiendo sobre el riesgo de posibles retornos de población venezolana a la zona de conflicto. Entre las principales afectaciones, la OCHA destaca ataques contra civiles, incluyendo firmantes del acuerdo de paz y líderes comunitarios, así como desapariciones, secuestros, homicidios selectivos, atentados, ocupación de viviendas y restricciones al acceso de la misión médica.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región. Esta medida, amparada en el artículo 213 de la Constitución, le otorga al gobierno facultades especiales para restablecer el orden público. Los enfrentamientos han dejado un saldo trágico de alrededor de 80 muertos y más de 20 heridos, aunque las autoridades aún no han podido acceder a todas las zonas afectadas.
Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia (NRC), calificó la situación como una «agravación de una crisis humanitaria que se ha prolongado por décadas». Rizzo instó al gobierno a implementar las recomendaciones del sistema de alertas tempranas, garantizar el acceso humanitario sin impedimentos y proporcionar fondos suficientes para atender la emergencia. También hizo un llamado a reforzar la presencia institucional en las zonas rurales más afectadas por la violencia.
