Megabandas delictivas en Caracas reclutan a niños, niñas y adolescentes, confirma Cecodap

 Miembros de la megabanda que operaba en la Cota 905, liderada en ese entonces por Carlos Luis Revete, alias El Koki, reclutaron a niños, niñas y adolescentes (NNA) para que formaran parte del grupo delictivo, sostiene la investigación “Esclavizar para delinquir”, publicada por el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

De acuerdo al estudio, las principales causas de este reclutamiento de esta población estaban relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en la que viven.

La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar son motivaciones recurrentes de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con esta organización delictiva. En ese orden de ideas, el reclutamiento de menores de edad es principalmente forzado por las circunstancias y la violación de sus derechos humanos”, señala el escrito, publicado la mañana de este miércoles 30 de marzo.

La documentación hecha por el equipo de Cecodap y la Agencia de Periodistas y Amigos de la Niñez (Agencia Pana) detalla que la mayoría de los casos de captación de NNA es determinada por las relaciones de vecindad e incluso familiaridad entre los delincuentes y los reclutadores, ya que algunos forman parte de la misma comunidad.

La investigación señala que cuando la megabanda de la Cota 905 emprendió la conquista de La Vega o cuando requirió engrosar sus filas para combatir a los cuerpos de seguridad del Estado, la incorporación de NNA se tornó más coercitivo y masivo.

En La Vega, por ejemplo, operaron buscadores profesionales y mediaron labores de “inteligencia” para afinar la selección de menores de edad con el perfil requerido para involucrarlos en el delito.

Cecodap y la Agencia Pana indican que el  principal anzuelo que pusieron los delincuentes a los más pequeños fue la oferta de ingresos semanales en dólares, con los cuales los muchachos serían capaces de cubrir necesidades reales o percibidas: alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección, en una lógica de la ley del más fuerte.

“La incorporación de niños, niñas y adolescentes a la megabanda tiene distintos grados de vinculación, asociados a cargos y funciones que conforman un verdadero escalafón. Mientras más avanzan en la carrera más riesgo de muerte corren los menores de edad”, se lee en la investigación.

Cuatro grados de vinculación

La documentación, llevada a cabo por la organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, señala que hay cuatro categorías en la que se vinculan los NNA y los antisociales.

Una de esas categorías es la de “mandaderos”, que son quienes se encargan de la provisión de productos de primera necesidad y de cualquier otro producto que requiera algún integrante del grupo delictivo, quienes no pueden buscarlo por sus propios medios ya que pudieran estar siendo buscados por los cuerpos de seguridad del Estado.

En el informe detallan que, generalmente, la función de las y los “mandaderos” la desempeñan los que tienen menos edad, ya que se supone que es el grado de vinculación que implica menor riesgo. A pesar de esto también genera un contacto permanente con los malandros y, en ese sentido, crece la tentación de querer escalar posiciones dentro de la banda, lo cual supone asumir mayores riesgos.

La segunda categoría es la de “los gariteros”, quienes son los vigilantes de las zonas estratégicas y los territorios que controlan los delincuentes.

Según la recolección de datos realizada  entre octubre y diciembre de 2021, “los gariteros” tienen dos principales funciones: la primera es alertar sobre el ingreso de distintos cuerpos de seguridad del Estado o de personas ajenas a la comunidad y la segunda es detectar o denunciar eventuales infracciones de reglas de convivencia impuestas arbitrariamente por los líderes de la megabanda.

“Por lo general, la función de garitero es desempeñada por adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad, pues requiere fortaleza física y templanza para soportar situaciones de vigilia permanente, durante jornadas que, en algunos casos, se pueden extender 24 horas continuas en lugares inhóspitos”, explican.

La tercera tipificación es la de “los traficantes”, que son quienes se encargan del microtráfico de droga y viene siendo una opción más lucrativa en comparación con los mandaderos y gariteros. 

Este “trabajo” emerge como un atractivo para los menores de edad con adicciones a las drogas, ya que el pago o parte del pago que reciben pueden ser estupefacientes para su consumo.

Según los hallazgos de los investigadores, los chicos involucrados en el tráfico de drogas pueden operar dentro o fuera de las zonas controladas por el grupo hamponil y sus responsabilidades asignadas están sujetas a la demostración de lealtad y efectividad ante los cabecillas.

La última categoría a la que pueden aspirar es la de “malandros”. Este escalafón se alcanza sobre la base de una comprobada disposición de consolidar y ampliar el poder de la organización criminal.

“Los malandros adquieren tal rango cuando se les entrega un arma de fuego y la usan a dos fines: para hacer cumplir las reglas de la megabanda y para cometer los delitos que sustentan las economías del grupo delictivo, entre ellos la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el  robo de vehículos”, señalan.

Forma de esclavitud

“Esclavizar para delinquir” expone que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado es una forma contemporánea de esclavitud, una modalidad de trata de personas y tiene como fin la explotación, sobre la base del abuso de poder y la violencia.

“El Estado venezolano ha calificado la vinculación de menores de edad con la megabanda como uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Desde Cecodap consideramos que este tipo de hechos deben ser reconocidos, investigados y sancionados como trata de personas, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo”, explican.

La investigación afirma que el Estado venezolano no ha atendido en forma integral y suficiente las causas estructurales del alistamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado. Por tanto, los investigadores instan a las instituciones, con urgencia, a corregir las deficiencias del sistema de protección, para mitigar los factores de riesgo.

Lea la investigación completa aquí.

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