Niñas venezolanas eran ‘alquiladas’ para vender dulces en Quito
Dos mujeres procesadas por trata de personas en Sangolquí: Alquilan a sus hijas para vender dulces
El 19 de octubre de 2024, la Fiscalía de Ecuador anunció la formulación de cargos contra cuatro personas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El caso involucra a dos mujeres, Yukeisi Lorena C. M., de 33 años, y Keyla Nazareth B. C., de 26, quienes, según las investigaciones, alquilaban a sus hijas de entre 1 y 11 años a vecinos en Sangolquí, provincia de Pichincha, en Quito. Las niñas eran utilizadas para vender dulces y pedir limosna fuera de un centro comercial.
El escabroso suceso fue descubierto gracias a la intervención de la policía, quienes al patrullar el área se encontraron con una escena alarmante. Enio José T. A., de 57 años, sostenía a una bebé de un año que lloraba desconsoladamente. La situación llamó la atención de los agentes, quienes decidieron investigar más a fondo. Al acercarse a este hombre, quedó claro que no había ningún vínculo familiar entre él y la niña. Este acto fue el inicio de un proceso que revelaría la existencia de un oscuro entramado de explotación infantil.
La intervención de la policía fue oportuna. Al observar a Enio José T. A. con la bebé, los agentes notaron que ‘Gocho’, un vecino conocido, intentaba huir con otras tres niñas de 5, 7 y 11 años que también estaban pidiendo limosna en la misma área. Al seguirlo, los agentes lo vieron ingresar a una vivienda en el barrio. En el interior, encontraron a Yukeisi y Keyla, quienes afirmaron ser las madres de las niñas. Ambas explicaron que, debido a la falta de un trabajo estable, habían decidido alquilar a sus hijas por 5 dólares diarios a los vecinos para que vendieran chupetes y pidieran limosna.
Este caso ha resaltado la grave problemática de la trata de personas en Ecuador, un delito que, aunque a menudo se encuentra en la sombra, afecta a muchas personas, especialmente a los más vulnerables, como son los niños. La explotación laboral de menores es una de las formas más crueles de esta práctica, y la Fiscalía ha tomado una postura firme al procesar a los implicados.
Los vecinos, al ser interrogados, confirmaron que las niñas eran alquiladas y que, además, eran víctimas de maltratos físicos. La realidad de estas menores es desgarradora, ya que no solo fueron explotadas por sus propias madres, sino que también fueron sometidas a condiciones indignas y peligrosas.
Tras la aprehensión de las cuatro personas involucradas en este delito, se dictó prisión preventiva mientras se lleva a cabo la instrucción fiscal, que se estima tomará 30 días. Las víctimas, las cuatro niñas, fueron trasladadas a casas de acogida en Quito, donde recibirán la atención necesaria para su recuperación y bienestar.
La Embajada de Venezuela en Ecuador también fue informada sobre el caso, ya que se ha determinado que las madres y las víctimas son de nacionalidad venezolana. Este hecho añade una capa adicional de complejidad al caso, dado que muchas familias migrantes enfrentan situaciones extremas en su búsqueda de mejores condiciones de vida.
El delito de trata de personas es un fenómeno global que ha ido en aumento en las últimas décadas. En Ecuador, la situación se ha vuelto alarmante, y la Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para combatir este flagelo. La explotación infantil, en particular, ha sido un foco de atención, dado que se estima que miles de niños en el país son víctimas de este tipo de delitos.
Las autoridades han instado a la población a estar atenta y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la explotación de menores. La colaboración de la comunidad es fundamental para erradicar esta problemática. La educación y la sensibilización sobre el tema son también esenciales para prevenir futuros casos de trata de personas.
Este caso en Sangolquí no es aislado, y pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer políticas más efectivas para proteger a los niños y garantizar su derecho a una infancia segura y digna. Las autoridades locales están trabajando en la creación de programas que ofrezcan apoyo a las familias vulnerables, para que no se vean forzadas a recurrir a la explotación de sus propios hijos como medio de subsistencia.
La trata de personas es una violación de los derechos humanos y debe ser combatida desde múltiples frentes: la justicia, la educación y el apoyo social son fundamentales. La Fiscalía, junto con otras instituciones, está comprometida a desmantelar redes de trata y a llevar a la justicia a quienes se benefician de la explotación de personas, especialmente de niños.
El impacto de esta situación se extiende más allá de las víctimas inmediatas. Las niñas que fueron explotadas en este caso enfrentan el riesgo de sufrir traumas emocionales y psicológicos que pueden durar toda la vida. Por esta razón, es crucial que reciban un tratamiento adecuado y que se les brinde un entorno seguro donde puedan sanar y reconstruir sus vidas.
La sociedad ecuatoriana tiene un papel importante que desempeñar en la lucha contra la trata de personas. Cada individuo puede contribuir al cambio mediante la denuncia de actividades sospechosas, la promoción de los derechos de los niños y la participación en campañas de sensibilización. La información es una herramienta poderosa, y educar a la población sobre los riesgos de la trata y la explotación infantil puede ayudar a prevenir que más niños sean víctimas de estos delitos.
Este caso también pone en evidencia la importancia de una cooperación internacional más sólida en la lucha contra la trata de personas. Dado que la trata a menudo implica el cruce de fronteras, es vital que los países trabajen juntos para abordar este problema de manera integral. La información compartida y la colaboración entre naciones pueden ser determinantes en la identificación y rescate de víctimas, así como en la captura de los perpetradores.
La Fiscalía de Ecuador se encuentra en un proceso constante de evaluación y mejora de sus procedimientos para enfrentar la trata de personas. Esto incluye la capacitación de personal, el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la implementación de protocolos de atención a las víctimas. La lucha contra la trata es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
